En un manifiesto publicado el 3 de febrero pasado, un grupo de abajofirmantes se pronunció en pos de salvaguardar su versión de la “transición e instituciones de la democracia”, mismas que ven amenazadas ante una propuesta de reforma electoral en ciernes originada desde el Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum y una buena parte de la llamada Cuarta Transformación.
Llamó la atención que el desplegado de marras repitiera un lenguaje alarmista, que también esbozan en otros foros, donde, en su visión, la reforma electoral referida podría ser el último clavo en el ataúd de la transición a la democracia. A la par de ese desplegado abundan foros, libros y portadas de revistas, como las de Nexos y Letras Libres de julio del año pasado, cuyo mensaje es similar: un réquiem por la “transición a la democracia”.
Lo curioso de ello es que ese tono alarmista imperó también en otros desplegados de muchos de los mismos abajofirmantes: los que auparon la candidatura de Xóchitl Gálvez en 2024; los que insuflaron las versiones de la Marea Rosa en 2022 y 2023, y otro manifiesto que decía más o menos lo mismo, aquel de la “Deriva autoritaria” de julio de 2020, cuyo único efecto memorable, más allá de sus objetivos, fue legitimar la formalización de la alianza PRIPANPRD.
Ahí está la extrañeza: nuestra transición, dicen los firmantes, está en inminente muerte desde 2018. Tal parece que la transición a la democracia mexicana tiene hoy una larguísima agonía de ya casi una década…quizá porque también tuvo un anómalo larguísimo nacimiento y duración. Se feche su proceso seminal en 1977 con la reforma pluralista, o en 1997 con la pérdida de mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, toda “transición a la democracia” que se extienda por décadas no solo es un fenómeno inusual en el mundo, sino que, como señaló Ariel Rodríguez Kuri, quizá ya más bien parecía un modus vivendi para algunos y no un modelo político que reemplazó al del viejo régimen autoritario de siglo XX mexicano.
Pero esa prolongación da oportunidad de observar la conducta de algunos abajofirmantes en ese lapso ante coyunturas diferentes pero que, como telón de fondo, tienen a la competencia electoral, base central para la rotación de élites gobernantes y, con ello, la existencia de la democracia, más allá de su calidad, contenido y resultados.
En ese sentido, esa larguísima transición ha tenido puntos neurálgicos de crisis que, empero, no se midieron con la misma alarma que hoy. Vale la pena preguntarnos por qué hoy la democracia sí está en riesgo y en otros escenarios mucho más sombríos, esos abajofirmantes no consideran que lo haya estado. Veamos un par de episodios que resultaron históricos.
La tesis de los abajofirmantes es, más o menos, la siguiente: luego de una reforma política pluralista en 1977, México ha vivido un gradualismo democrático no exento de traspiés, pero que, a partir de la consolidación de una autoridad electoral autónoma en la década de 1990, una mayor equidad en 1997 y una alternancia nacional en 2000, se había ido consolidando hasta 2018. De ahí —siguen estos abajofirmantes— vino su erosión, autocratización, retroceso, autoritarismo, regresión y otros vocablos parecidos. Unos, más osados (o más desesperados), aseguran que se estableció una dictadura o el fascismo.
Tomemos por cierta la primera parte de la tesis de los abajofirmantes: la reforma de 1977 sí marcó un punto de inflexión y nadie duda que en el país hubo una transición compleja a la democracia, donde, como le recordó Arnaldo Córdova a Enrique Krauze en 2007, unos han arriesgado más que otros para luchar en buena lid por la libertad. Con esa base, recordemos los episodios prometidos, que suelen minimizarse en la “transición” de los abajofirmantes.
El primero es 1988. Luego de una década de la reforma pluralista ocurre algo inédito: una candidatura realmente competitiva contra el PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, en una elección que termina, como la evidencia lo indica, en un fraude que favorece al priista Carlos Salinas de Gortari. En esa coyuntura, Héctor Aguilar Camín (hoy expositor de que “vivimos en una dictadura germinal”) escribió el 30 de julio de 1988 que las elecciones de ese año habían sido “las menos inventadas en mucho tiempo… las más limpias… las más verdaderas”. Otros, como Gabriel Zaid, veían en un principio a los resultados como “no creíbles”, a tono con un sector del panismo entonces opositor a su inminente aliado el PRI.
Pero poco después, como recuerda Rafael Lemus en su obra Breve historia de nuestro neoliberalismo, cierto consenso imperó en el núcleo liberal de la revista Vuelta, antecedente de Letras Libres, con punto de partida en el famoso desplegado del 9 de julio de 1988: “Ganar lo principal”. Y ese consenso fue instar por una resignación ante los resultados electorales e interpretar los triunfos de oposición —sobre todo los del cardenismo en el Distrito Federal— como una especie de “umbral democrático”.
El consenso de este núcleo fue, sin más, la aceptación del fraude electoral. Poco después, algunos hablarían de que Carlos Salinas podría “legitimarse desde el poder”. Esa frase inadmisible para un demócrata equivale a que un juez diga que un ladrón de automóviles, si lo sabe manejar bien, tiene derecho a llevárselos. Porque la legitimidad de un gobernante en democracia solamente emana de las urnas en una competencia justa, no de los actos de gobierno.
Por fortuna no todo fue resignación ante el fraude. Cuauhtémoc Cárdenas hizo atisbos de protesta que, pese a su mesura y tránsito a la conformación de un partido político de oposición, fueron notorios en un clima autoritario como el que aún imperaba en el país. Poco después, en noviembre de 1988, el único candidato a gobernador del Frente Democrático Nacional (FDN), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Tabasco, haría campaña y lucha postelectoral parecidas, que en el sureste mantuvieron el recordatorio de la ilegitimidad salinista, que se ensañó contra el perredismo de esa región, donde fueron asesinados varios militantes.
De esa coyuntura nació la demanda de una autoridad electoral autónoma. La conformación del futuro Instituto Federal Electoral (INE) le debe mucho más su existencia a la impugnación opositora de los resultados de 1988 que a las cúpulas políticas que legislaron su creación, por muy importante que este proceso institucional haya sido. Y, como siempre que hay un fraude, el agraviado del hecho fue la sociedad mexicana en su conjunto, pero protagoniza también como víctima la izquierda partidista mexicana, que debió actuar ante el arrebato de su triunfo y transitar por la vía opositora a la que la orillaban.
De ese modo, uno de los fraudes más escandalosos y sucios de la historia fue para algunos de los abajofirmantes no una crisis institucional, no una regresión que destruía el incipiente pluralismo, ni la consolidación del autoritarismo de un Partido de la Revolución Institucional (PRI) que se negaba a perder por la buena. Su perspectiva fue otra. El agravio antidemocrático de 1988 fue, para una vertiente significativa de los abajofirmantes de hoy, solo una especie de pábulo para “mirar el lado bueno”, decirle a la izquierda partidista que se conformara con lo que ganó a nivel local y asumir eso como un paso más a la democracia.
Pasemos al otro ejemplo histórico: el año 2006. La elección de ese año constituyó, ahí sí, el retroceso antidemocrático más grave en la historia del siglo XXI mexicano. Es ahí donde las alarmas debieron encenderse a tope, los transitólogos debieron saltar de indignación y los abajofirmantes debieron salir a las calles a exigir justicia democrática. Pero eso no ocurrió.
El bienio 2004-2006 fue el de un proceso de golpe antidemocrático, que se divide en dos partes: la primera es el desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Ahí, un mandatario legítimo fue acusado falsamente por la Procuraduría General de la República (PGR), del gobierno del panista Vicente Fox, del delito de desacato. Nunca hubo evidencia contra AMLO. Al contrario, las revisiones periciales detectaron que el gobierno capitalino, a pesar de tener razón ante el amparo interpuesto por un particular, detuvo una obra pública por un infundado mandato judicial, pese a que el terreno en conflicto ni siquiera era propiedad del quejoso. Sin base, de cualquier manera la PGR acusó penalmente a Obrador.
Así, Vicente Fox, llanamente, quiso meter a la cárcel a un adversario político. La razón: este era un candidato fuerte de cara a 2006.
Hoy el desafuero de AMLO es un brutal ejemplo de los casos de lawfare en América Latina, y muchos panistas que participaron en esa canallada autoritaria, como Santiago Creel, se arrepienten. El desafuero fue un golpe de Estado que cimbró la democracia mexicana y se suma a la larguísima tradición golpista de las derechas en la región, que han perpetrado, como recuerda Marcos Roitman, más del 98 por ciento de las asonadas antidemocráticas en América Latina.
Ante el desafuero, empero, sí hubo reacción abajofirmante. El 21 de febrero de 2005, en un documento plural, varios intelectuales mexicanos —entre los que destacaron personajes como el propio Aguilar Camín— alertaron contra la jugada antidemocrática del desafuero. El peligro era enorme y, si bien el desafuero era autoritario en sí mismo, se agravaba por ocurrir en el sexenio de la alternancia, cuando se suponía que quedaban atrás las exclusiones del “viejo régimen”.
El desplegado de febrero de 2005 pudo ser parte de la inspiración, pero la fuerza la pusieron muchos más. La canallada del desafuero logró ser detenida en abril por una sociedad movilizada que salió a las calles, por millones y en todo el país, a exigir lo mínimo que supone una competencia democrática: detener un autoritario intento de encarcelamiento de un inocente y potencial candidato, en aras de reestablecer una equidad en la contienda.
Sin embargo, el triunfo de la sociedad (que enfrentó los ánimos represores de Vicente Fox) fue parcial. En 2005, la resistencia democrática contuvo el golpe de Estado del desafuero, y AMLO, libre ya de imputaciones penales inventadas, pudo ser candidato, aunque en una contienda que se mantuvo desaforada y se convirtió, hasta entonces, en la más sucia desde 1988. Es ahí donde está la segunda parte del bienio de la regresión autoritaria de 2004 a 2006.
La turbiedad del proceso electoral de 2006 corrió por cuatro vías fundamentales:
1. A pesar de las prohibiciones explícitas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), Vicente Fox colonizó ilegalmente el espacio público con medio millón de spots (cada uno perfectamente ilegal) pagados con dinero público.
2. La segunda vertiente fue una campaña de pánico moral, inédita en México, y violatoria de las leyes, donde se acusó a AMLO de ser un “peligro para México”.
3. La tercera fue la intromisión de actores a quienes la ley explícitamente prohibía comprar espacios mediáticos para intervenir en la contienda: los empresarios, que realizaron una campaña inédita de miles de spots donde instaron a no votar por el candidato de la izquierda partidista.
4. La cuarta vía fue más breve, pero igual de grave: las múltiples irregularidades en casillas el día de la elección, documentadas por Víctor Romero, Francisco Portillo, Bolívar Huerta, Jesús Ibarra o Pedro Antonio Martínez. Dichas irregularidades siempre favorecieron al Partido Acción Nacional (PAN) y su número rebasó por muchísimo el de la supuesta diferencia entre el presunto ganador —que oficialmente fue Felipe Calderón con .56 por ciento— y el segundo lugar, AMLO. Como mínimo, el resultado debió anularse. De haberse cumplido la ley y un conteo justo, no habría ganado el PAN.
La democracia quedaba así, en vilo, con Vicente Fox y Felipe Calderón como principales responsables del incuestionable retroceso democrático que comenzó con un intento autoritario de encarcelamiento y persistió con una cínica ruptura de las leyes electorales y un desacato absoluto de las instituciones democráticas. Pese a ello, el 3 de agosto de 2006 —antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) procesara la impugnación— muchos de los abajofirmantes de hoy publicaron otro manifiesto en Reforma, donde, anticipándose al Tribunal, declararon que no hubo fraude, que la elección fue ejemplar y llamaron a la izquierda a darse por bien servida con lo que había ganado.
Ni la sistemática violación de los artículos del COFIPE, ni el cúmulo de inconsistencias en casilla documentados, ni la peor campaña sucia de la historia, ni sumar eso a un gravísimo intento de golpe de Estado un año atrás —justificado todo con la autoritaria frase de “haiga sido como haiga sido” — lograron hacer que esos abajofirmantes tuvieran alguna sospecha de que algo indeseable había ocurrido y las instituciones democráticas estaban obligadas a sanearlo.
No se hizo. A diferencia de 1988, en 2006 las protestas fueron más vocales y prolongadas, y aunque la izquierda partidista corrió por la vía institucional, también ejerció su derecho a recordarle a Calderón su notoria ilegitimidad. De ese esfuerzo, y de procesar un agravio de forma tenaz pero pacífica, se construyó la reforma electoral de agosto de 2007, que debe su confección al obradorismo en resistencia civil, porque de sus demandas surgió un marco legal que acotó racionalmente a actores, gastos y tiempos en campaña, para que ningún hampón en el futuro hiciera las maldades que Fox y Calderón perpetraron en 2006.
En una ambivalencia rayana en el doble pensar orwelliano, muchos abajofirmantes negaron el fraude de 2006, pero sin darse cuenta validaron la legitimidad de las protestas del obradorismo, porque varios aplaudieron la reforma de agosto de 2007, lo cual era un reconocimiento de facto de que algo muy sucio había ocurrido un año antes y había necesidad de actualizar y recuperar la credibilidad en las instituciones democráticas. Ese esfuerzo de recuperación lo hizo mayormente no el cúmulo de legisladores que aprobó la reforma, sino la ciudadanía movilizada contra el fraude que la originó, en la incertidumbre de las calles.
Hoy, la situación es diferente. Si bien la nueva propuesta electoral encabezada por Claudia Sheinbaum se consolida en 2026, sus raíces datan desde 2018: la reforma electoral en los hechos comenzó con la elevación del fraude electoral a delito grave, la implementación de la revocación de mandato y las consultas; la eliminación de desvío de dinero federal para ilegítimas compras de votos y la reforma judicial, operada —pese a las quejas y a sus debilidades— a través de los mecanismos constitucionales y someterse a urnas (cosa que, por ejemplo, mayorías legislativas en el pasado, muy aplaudidas por los “demócratas liberales”, solo lograron vía corrupción, como el Pacto por México y Odebrecht).
En ese proceso, la llamada Cuarta Transformación ha jugado con las reglas democráticas y condiciones políticas existentes, y ha buscado cambiarlas, aunque eso significara reducir las ventajas que aquellas le daban. Por ejemplo: en 2022 a Morena le convenía el diseño de cómo se han nombrado institucionalmente a consejeros del INE —porque en ese momento, por ley, tenía mano para nombrar la renovación de vacantes inminentes—. En vez de eso, propuso, a través del Plan A, un cambio que reducía su ventaja: que los consejeros se eligieran mediante el incierto voto ciudadano.
Asimismo, otro ejemplo: el diseño institucional de los plurinominales tiende a favorecer al partido mayoritario, que en 2022 era también Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De nuevo, el Plan A cambiaba esa situación para dar una representación en el Congreso más acorde a la votación que los partidos hubieran obtenido en urnas. De haberse aprobado esa propuesta, quizá en 2024 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hubiera mantenido el registro y el porcentaje de la alianza PRIAN habría sido mejor. Pero en vez de discutirla, esos partidos y abajofirmantes prefirieron reaccionar con la consigna —más religiosa que realista— de que “el INE no se toca” y formar la Marea Rosa, cuyos únicos efectos reales fueron dos hechos meramente electoreros: formar una moratoria constitucional en el Congreso para negarse a siquiera debatir el Plan A, y, posteriormente, respaldar las candidaturas de Xóchitl Gálvez y del integrante del cártel inmobiliario Santiago Taboada. Los abajofirmantes, así, jugaron a la política partidista, lo cual es legítimo. Lo que no lo es consiste en jugar a eso desde una presunta posición más allá del bien y del mal que dice “salvar” la democracia.
Pero esa simulación no es el mayor yerro de esos abajofirmantes, sino que defienden una historia incompleta de la transición. Volvamos a los casos de 1988 y 2006, donde las reacciones de la izquierda partidista contra ambos fraudes derivaron en dos construcciones vitales hoy en la institucionalidad democrática: el IFE y la legislación de 2007. La izquierda partidista, víctima protagónica de eso, denunció y actuó pacíficamente contra esos agravios antidemocráticos desde la oposición y orillada por las circunstancias.
Hoy, un sector de esa histórica izquierda partidista pretende elaborar una nueva reforma electoral. Pero incluso desde antes de proponerla los abajofirmantes ya la consideran “clavo en el ataúd” de la transición. Ahí el problema: los abajofirmantes parecen defender más como evangelio que como historia un proceso que pertenece a todos, incluidos los que hoy gobiernan.
Pensar que la historia de la transición se centra en los grandes hitos institucionales de las reformas y episodios de 1977, post-1988, 1996, 1997, 2000, 2007 y 2014 (por muy valiosos e importantes que estos sean) es una reducción que equivale a explicar a las pirámides de Egipto solo a través de la decisión de los faraones que las mandaron construir, y omitir a los trabajadores que se vieron forzados a levantarlas. Tal es el caso de la izquierda partidista que, por la pista más arriesgada de la protesta y la denuncia del incumplimiento en terreno de las grandes leyes, ayudó a la construcción de la institucionalidad electoral.
La democracia y sus instituciones no son una pirámide, sino más bien un río cambiante. Por eso conviene no sospechar (porque, faltaba más, en democracia se vale equivocarse), sino también criticar el espíritu faraónico de quienes se asumen como la última línea de defensa de la democracia mexicana, porque en su discurso laxo y permisivo ante fraudes y momentos realmente críticos —como prueban sus actitudes en 1988 y 2006— hay, por lo menos, un doble rasero que contrasta con el alarmismo, más evangélico que fundado, que enarbolan hoy. Porque en esa tesitura olvidan lo fundamental: la democracia es de todos, y no debe tener monopolios ni faraones.
