No estamos jugando limpio, no estamos jugando con niños chiquitos, tenemos siempre que estar muy atentos a usar al extremo lo que podemos usar al extremo, respetando desde luego las leyes…
Vicente Fox, en 2008.
El debate sobre las elecciones de 2006 sigue vivo en 2026 y no es para menos.
En los comicios presidenciales mexicanos de 2006 se jugó el destino de México, del progresismo latinoamericano y del proyecto monetarista en el continente americano. Millones de mexicanos estaban hartos de cuatro sexenios de ortodoxia neoliberal y, en marzo de ese año, el candidato de la coalición de izquierdas Por el bien de todos, Andrés López Obrador (AMLO), encabezaba todas las encuestas(1) y encarnaba la esperanza de un cambio de rumbo, del regreso al pacto social plasmado en la Constitución de 1917.
Desde 1999, en América Latina habían llegado a gobierno, por la vía democrática, diversos proyectos de izquierda y centro-izquierda: Hugo Chávez en Venezuela (1999), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Lula da Silva en Brasil (2003), Leonel Fernández en República Dominicana (2004), Martín Torrijos en Panamá (2004), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005) y Evo Morales en Bolivia (2005). Todos estos gobiernos eran nacionalistas, habían roto con el dogma del libre comercio y presentaban avances importantes en materia económica y de justicia social.
La primera oleada progresista de América Latina duró de 1999 al 2009.(2) Sin lugar a dudas, la llegada a gobierno de un proyecto popular, de izquierdas, en México, en 2006, le hubiera dado un impulso mayor a esta tendencia; hubiera cambiado la correlación de fuerzas en la región y probablemente habría puesto en aprietos la dictadura global del libre comercio.
Ese año, Obrador publicó Un Proyecto alternativo de nación, el cual planteaba un programa de transformación nacional centrado en la justicia social, la defensa de la soberanía y el combate a la corrupción. La posible llegada a gobierno de este pacto social implicaba el fin de la continuidad neoliberal y ponía en cuestión al Bloque Económico de América del Norte impulsado desde Washington desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Todo eso y más estaba en juego en las elecciones presidenciales de 2006.
En los comicios presidenciales de 2006 también se jugó la credibilidad de las flamantes instituciones electorales mexicanas.
La democracia, el respeto al voto, es una de las demandas históricas más sentidas del pueblo de México. Durante dos siglos, a los mexicanos se les escamoteó el derecho al sufragio de diversas maneras: se tuvieron que dar largas batallas para consagrar en la ley el sufragio universal y ha costado sangre, sudor y lágrimas hacerlo valer. El tema es de fondo, pues detrás de la actitud de no respetar la voluntad popular, hay un problema cultural profundo que tiene sus orígenes en la sociedad de castas, el racismo y clasismo.(3)
En la primera elección celebrada durante el gobierno de Guadalupe Victoria, hubo denuncias de fraude; Santa Anna hacía fraude; Porfirio Díaz se imponía siempre sobre los demás actores políticos mediante operaciones de Estado, y el órgano político que surgió después del triunfo de la Revolución mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se perpetuó, sexenio tras sexenio, mediante elecciones de Estado en las cuales se practicaban de manera regular operativos electorales fraudulentos.
La bandera del “sufragio efectivo” fue levantada por Díaz contra Juárez y Lerdo en 1871 y 1876; por Madero contra Díaz en 1910, y también fue un reclamo de la derecha y la izquierda al gobierno surgido de la Revolución a lo largo de todo el siglo XX.
A fines del siglo XX, tras décadas de permanencia ininterrumpida en el poder, el PRI estaba desgastado y en crisis profunda; su autoritarismo era insostenible, el descontento estaba muy extendido y la demanda de democracia estaba generalizada. En 1990, el escritor Mario Vargas Llosa definió al PRI como “la dictadura perfecta”.(4) Poco después, Enrique Krauze denunció que el PRI utilizaba recursos del gobierno para intimidar votantes y manipular elecciones, y denunció que el Partido de Estado practicaba un “fraude sistémico”.(5)
La crisis de la democracia mexicana fracturó incluso al partido de Estado. En 1987, en las propias filas del PRI, los sectores más progresistas, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, conformaron una Corriente Democrática. Cuando el PRI designó al economista neoliberal Carlos Salinas de Gortari como su candidato presidencial para 1988, la Corriente Democrática rompió con el tricolor y conformó, con muchas otras organizaciones, el Frente Democrático Nacional que postuló a Cárdenas para la presidencia. A su vez, el Partido Acción Nacional (PAN) postuló al banquero Manuel Clouthier. Las elecciones de 1988 fueron reñidas y el recuento de votos fue desaseado y opaco. Las autoridades electorales, dependientes del gobierno, le dieron el triunfo al candidato oficial, pero las irregularidades fueron enormes y la gente protestó contra lo que consideró el fraude electoral más burdo realizado en México hasta ese momento.
Para atender el reclamo democrático, el gobierno de Salinas consensó con diversas fuerzas políticas y actores de la sociedad civil la formación de un órgano autónomo e independiente, especializado en materia electoral, de modo que se realizaron reformas a la Constitución y se expidió un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el cual ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) que tenía el mandato de ser una institución que se regiría “por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad”.(6)
El IFE se fundó el 11 de octubre de 1990 con grandes expectativas por parte de la opinión pública; las elecciones presidenciales de 1994 fueron accidentadas (entre otras cosas, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado), pero es claro que las ganó el candidato del tricolor, Ernesto Zedillo Ponce de León por un buen margen y que, además, se respetaron los triunfos legislativos de la oposición. En 1997 se llevaron a cabo las elecciones federales intermedias y, en esos comicios, el IFE, presidido por José Woldenberg, reconoció el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato de la izquierda, en la jefatura de gobierno del Distrito Federal.
Los comicios presidenciales del 2000 no fueron limpios. Los principales contendientes incurrieron en prácticas de financiamiento sucio y rebasaron –con mucho– los topes de campaña. El sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) desvió mil 100 millones de pesos hacia el PRI para financiar la campaña de su candidato, Francisco Labastida Ochoa.(7) El escándalo del Pemexgate fue mayúsculo y se documentó a fondo; el PRI tuvo que pagar una multa de mil millones de pesos, pero los operadores del desvío fueron exonerados,(8) y el tricolor conservó su registro, sus gobernaturas y sus privilegios políticos.
Por su parte, el candidato de la derecha, Vicente Fox, organizó una red de empresarios y ciudadanos, conocida como Amigos de Fox, la cual impulsó a Fox como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de la República.
Amigos de Fox recaudó más de 91 millones de pesos para la campaña del PAN y se comprobó que recibió dinero de empresas extranjeras,(9) lo que es una violación grave a la ley electoral mexicana. El PAN fue multado con 360 millones de pesos (y su aliado, el Partido Verde, con 184 millones), pero nada más.
A pesar de estas irregularidades, la credibilidad del IFE se fortaleció cuando, en julio del 2000, se reconoció que Vicente Fox, el candidato del PAN, había ganado la presidencia, dando fin a más de 70 años de presidencias priístas ininterrumpidas.
A inicios del 2006, en la víspera de las elecciones presidenciales, el IFE tenía credibilidad y era factor de estabilidad política del régimen. Sin embargo, la credibilidad es un bien que se puede perder con facilidad y la cultura del fraude en México seguía viva y activa.
La contienda electoral de 2006 no fue ejemplar; fue rijosa, sucia y agresiva y quedó manchada por campañas mediáticas de descrédito, financiamientos irregulares, alianzas en lo oscuro entre el PRI, el PAN y otros actores. La actuación de la autoridad electoral no fue ejemplar. El resultado de la contienda fue apretado y cuestionable: el 4 de julio, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) anunció que Calderón habría obtenido una ventaja del 1.04% sobre Andrés Manuel López Obrador; pero el recuento final arrojó que el candidato del PAN habría ganado con 0.56%, es decir, por solo 243 mil 934 votos.
El solo hecho de que el debate de las elecciones de 2006 siga siendo una herida abierta en el 2026 significa que el IFE no pudo garantizar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad a los que estaba obligado.
La discusión sobre la limpieza de las elecciones de 2006 es un debate histórico que enfrenta a dos proyectos de nación. Para los partidarios de la continuidad neoliberal, esas elecciones fueron limpias y legítimas, y las denuncias de fraude una mentira sin sustento, un invento faccioso de una izquierda mañosa y antidemocrática, que no sabe perder. En cambio, para los millones de ciudadanos que apoyaron la candidatura de López Obrador, esas elecciones fueron un fraude descarado y el aparato neoliberal cerró filas para robarle la elección a Andrés Manuel, entregarle la presidencia a Felipe Calderón, el candidato del PAN, y perpetuar el modelo neoliberal.
Durante años se ha debatido sobre la limpieza de las elecciones de 2006. En un principio imperó la versión oficial, pero la opinión pública mexicana fue modificando su visión sobre ese proceso. Ese debate por el relato fue una controversia entre el poder de penetración de los medios masivos de comunicación y las herramientas de la voz popular; entre la eficacia de la publicidad y la fuerza de la revolución de conciencias.
En los meses posteriores a las votaciones, los medios impusieron la narrativa de que Calderón había ganado limpiamente –aunque solo por el 0.56% de los votos– y que las protestas eran un berrinche de Obrador y sus seguidores. Pero, con el tiempo, investigaciones y testimonios sobrevinientes, así como un trabajo de difusión a nivel de calle, hicieron que la versión de que la elección había sido fraudulenta ganara terreno.
La actuación de los gobiernos neoliberales y la alianza entre el PAN y el PRI convenció a muchos de que, en 2006, esos partidos habían actuado de común acuerdo. Finalmente, después de dos sexenios, en 2018, la versión de que el PRIAN había hecho un fraude en 2006 terminó por ser ampliamente aceptada y eso ayudó a que Obrador ganara la presidencia de México con el 53.6% de los votos (30 millones 113 mil 483).
En el marco de las elecciones intermedias de 2021, los voceros de la derecha relanzaron con nuevos bríos el relato de que las elecciones de 2006 habían sido legítimas. El 7 de enero de 2021, Luis Carlos Ugalde – quien fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007– publicó una serie de tuits en los que comparó la toma del Capitolio por los partidarios de Trump con el plantón obradorista de 2006.
En su alegato, Ugalde sostuvo que “cada una de las pruebas” del fraude era “falsa o irrelevante”, que esa acusación era parte de un relato que escogía datos y hechos que encajaban en una “postura preconcebida” y remató afirmando: “En 14 años no existe grabación, audio, video, escrito o fotografía que mostrara la “movilización a gran escala” para cometer un fraude en la elección”.(10)
En mayo de 2021, Sergio Sarmiento –ligado a Atlas Network, la red ultraconservadora mundial de think tanks– escribió un texto titulado El mito del fraude, en el que insistió en la idea de que no hubo fraude electoral en 2006:
El tema de que el fraude de 2006 es el mito fundacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue retomado por diversos voceros del PRI, el PAN y la derecha mexicana en las semanas siguientes y se convirtió en un leit motiv de las movilizaciones de la Marea rosa y el movimiento Yo defiendo al INE en los años de 2023 y 2024. Desde entonces, la denuncia del “mito fundacional de Morena” se convirtió en uno de los caballitos de batalla de los partidarios del viejo régimen y se usa machaconamente en debates, declaraciones y artículos de opinión.(12) El más ferviente pregonero del “mito fundacional de Morena” es –se entiende– Felipe Calderón.
Estamos en la era de la posverdad y de la dictadura de los medios y las redes sociales. Pero aún en estos tiempos, las narrativas cimentadas en mentiras se caen cuando la verdad se abre paso (aunque eso siempre toma tiempo). Los relatos apegados a los hechos tienden a permanecer y a sobreponerse a la mentira. Para la salud del debate público es necesario apostar siempre por la verdad, presentar hechos comprobados y hacer análisis de fondo. También es indispensable cuestionar las narrativas sincronizadas de los medios dominantes y la guerra publicitaria; señalar sus contradicciones, documentar con pruebas y desmontar las mentiras una por una.
Los mitos son historias fabulosas; se basan en falsedades y fantasías.
A continuación, documentaremos que el verdadero mito sobre las elecciones de 2006 –la mentira más burda y grosera– es afirmar que no hubo fraude y que esas elecciones fueron confiables. La derecha apuesta al olvido, pero el obradorismo tiene memoria.
En la práctica, los voceros y los partidarios del régimen neoliberal cuentan con un aparato mediático penetrante que tiene la capacidad de implantar narrativas en amplios sectores de la opinión pública. En consecuencia, no necesitan demostrar nada. Si ellos dicen que no hubo fraude, no lo hubo y basta. Las versiones de Ugalde, Sarmiento, Calderón y el resto de los voceros neoliberales están marcadas por el desdén, el vacío informativo y el desprecio hacia la masa indignada, pero no aportan una sola prueba, un solo dato sólido que desmienta el cochinero de 2006 y no soportan la primera revisión crítica. De hecho, son una burla a los ciudadanos que se sienten defraudados.
Es mentira que “un recuento voto por voto” hubiera violado la ley electoral, como afirma Sarmiento. En su momento, el jurista Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que:
Por lo demás, su afirmación de que Obrador solo presentó denuncias en 44 mil casillas es un insulto a la inteligencia. ¿No le parece un escándalo que se hayan presentado denuncias por irregularidades en el 34% de las casillas? ¿Acaso los resultados solo se pueden alterar cuando hay irregularidades en el 100% de las casillas?
Cuando Luis Carlos Ugalde afirma que no se puede demostrar fraude en 2006 porque no hay “grabación, audio, video, escrito o fotografía que indique la movilización a gran escala que se hubiera requerido para cometer un fraude en una elección con 130 mil casillas”, está partiendo del falso principio de que únicamente hay un tipo de fraude electoral posible: el de una operación masiva el día de la elección; el que sirve para defender su postura.
Contrario a lo que dice Ugalde, los grandes fraudes electorales han sido operativos de Estado que se han realizado de distintas maneras y, que, por lo tanto, siempre ha sido difícil probarlos. El PRI hizo fraude durante sexenios, pero el primer fraude que se logró documentar a cabalidad es el que cometió Roberto Madrazo en su campaña de gobernador de Tabasco en 1994. Ahí, Obrador documentó, con toneladas de pruebas, que el PRI había gastado 72 millones de dólares en la elección a gobernador en Tabasco, lo que anuló el principio de equidad. El fraude de Madrazo se hizo en la campaña, mediante el dispendio de recursos públicos, no con una movilización el día de la elección. No por eso deja de ser un fraude de Estado.
La de 2006 fue una elección de 130 mil casillas, pero fue definida por 243 mil votos. Una elección ganada por solo 243 mil votos no necesita una “movilización a gran escala”. Se puede operar de muchas otras maneras; incluso a puerta cerrada. Pero, además, sí hubo una movilización a gran escala para hacer el fraude. Si las pruebas que presenta el obradorismo le parecen deleznables a la derecha, las que ella ofrece son inexistentes. Su único bastión es su control sobre el poder mediático y la apuesta por la desmemoria.
La historia electoral de México, desde su fundación como república, refuta la afirmación de Ugalde y registra que un fraude se puede ejecutar a través de mecanismos muy diversos. La cultura del fraude en nuestro país es rica y variada y, sin lugar a dudas, marcó la elección de 2006.
Como vimos anteriormente, en México, el fraude electoral es endémico y, a todo lo largo de nuestra historia, las elites en el poder han utilizado diversas estrategias para evitar que el pueblo decida quién gobierna. Entre las principales formas de fraude que han logrado documentar los investigadores tenemos:
Erradicar usos y costumbres es sumamente difícil y la cultura del fraude electoral seguía bien arraigada en el México de 2006. Una primera revisión de esta lista nos revela que todas estas formas de fraude –todas– se usaron para impedir que López Obrador llegara a la presidencia. En las elecciones de 2006 se llevó a cabo el fraude electoral más cínico y descarado de la historia de México. El fraude tuvo varios episodios y –a pesar de que se trató de una elección de Estado– todos están documentados.
En el fraude de 2006 se usaron diversas estrategias y todas fueron coordinadas desde el Ejecutivo. Esa es la prueba mayor de que se trató de un fraude de Estado.
Después del caso de los Amigos de Fox, ¿qué nos hacía pensar que el PAN y el mandatario Vicente Fox no iban a hacer fraude en 2006?
1. El presidente Vicente Fox, un operador electoral confeso
En un régimen presidencialista, como el mexicano, las decisiones del Ejecutivo son determinantes. En materia electoral, la voluntad del presidente siempre ha sido el factor decisivo de la historia de México. Díaz manipuló y operó sus múltiples reelecciones y, en la era de la dictadura del PRI, el presidente en turno designaba a su sucesor de manera directa mediante un ritual conocido popularmente como El dedazo. El estilo fue variando con los tiempos y la personalidad del mandatario en turno; pero, en todos los casos, el Ejecutivo ejecutaba los comicios.
Con la llegada del PAN a la presidencia de la República, esa tradición no cambió y el presidente siguió siendo el factor final. Tal vez Vicente Fox no tuvo la capacidad de imponer al sucesor que él deseaba en la contienda interna panista,(14) pero el propio Fox se ha encargado de aclarar que en 2006 él hizo campaña y operó territorialmente a favor del PAN, y que puso en práctica todo lo posible por evitar la llegada de López Obrador a la presidencia.
En octubre de 2008, en un curso que dio a panistas en Monterrey sobre “Cómo ganar elecciones”, Fox confesó que jugó sucio y que buscó las rendijas de la ley para maniobrar (y en México el titular del Ejecutivo puede jugar con la ley más que nadie). Declaró, textualmente:
Acción Nacional, Fox confesó que dejó encargado el changarro y se fue a hacer campaña por el PAN. Textualmente dijo: “estos seis meses tienen que andar en la calle, no en el escritorio, no en la oficina. Ahí encárguenle a alguien la oficina, yo la encargué por seis años la oficina ahí en Los Pinos a alguien; muy poco tiempo estuve ahí”.(16)
Por otro lado está bastante claro cómo es que Fox operó, desde Los Pinos, la elección a favor de Calderón. El 11 de junio de 2007, la revista emeequis documentó que la Presidencia ordenó aplicar al menos 234 encuestas nacionales en los últimos 23 meses de su gobierno; más del 55 % eran encuestas electorales con preguntas encaminadas a obtener información para aplicarse en la estrategia de la campaña electoral del candidato oficial, Felipe Calderón.
Según dicha revista, entre 2005 y 2006, fueron encuestados 273 mil ciudadanos. Por estas encuestas se pagaron 75 millones de pesos del erario.(17)
Por si esto fuera poco, tenemos que el gasto de Presidencia en spots para esa elección fue descomunal. Entre enero y mayo de 2006, la Presidencia pagó unos 460 mil spots (más o menos unos 3 mil 800 spots por día). El gasto al respecto fue de mil 709 millones de pesos.18 Todos los spots tenían el mensaje final de apoyar explícitamente a su partido en la contienda. Huelga decir además que esa campaña se pagó con dinero público. Tan solo entre agosto de 2005 y septiembre de 2006 la presidencia erogó más de 23 millones de pesos solo en la producción de spots.19 Esa millonada, en vez de invertirse en necesidades apremiantes, se tornó en propaganda panista y se la embolsaron los consorcios mediáticos.
El que la presidencia gaste millones del erario para favorecer al candidato oficial es fraude. El propio IFE determinó que el gobierno había violado la ley al difundir mensajes de propaganda negativa.
Sobre decir que Fox no solo violó flagrantemente la ley, sino que desoyó cuando la autoridad electoral le exigió detenerse, y que siguió rompiendo la ley con esos mensajes hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo detuvo.
En un hilo de Twitter, Ugalde escribió:
Con esto, Ugalde reconoció que Fox hizo cosas indebidas, pero minimizó el impacto de sus acciones, entre otras cosas porque él fue, por omisión, corresponsable de las acciones del mandatario. A eso se le llama control de daños. Lo cierto es que en México el presidente siempre impuso su ley. Cuando Fox confiesa que usó al extremo lo que podía usar, “respetando desde luego las leyes”, nos está diciendo con todo cinismo que hizo lo que quiso con toda impunidad. ¿Quién le iba a poner límites al presidente? ¿Qué leyes respetó? ¿No es la operación del Ejecutivo el mayor fraude? ¿Para qué operó Fox sino para incidir en la elección? ¿Cuánto gastó del erario federal? ¿Qué hilos movió? ¿Cómo y a quién presionó y qué negoció desde el poder supremo? ¿En qué se basa Ugalde para decir que Fox no alteró la elección con su intervención?
Durante siglos, los juristas consideraron que la confesión era la “reina de las pruebas” y Fox es un operador electoral confeso. Por si esto fuera poco sobran las pruebas de que el Ejecutivo operó la elección y de que eso alteró los resultados.
De hecho, en su dictamen final, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció que en las elecciones de 2006 sí hubo irregularidades graves –de parte de Fox– que pusieron en riesgo la elección… pero desechó los juicios de nulidad por falta de “pruebas suficientes”.(21)
Lo que revela la defensa que hicieron Ugalde y el TEPJF de la actuación del presidente es que las autoridades electorales respetaron el poder del presidente y que, en consecuencia, fueron omisas y cómplices de una operación fraudulenta de Estado impulsada desde Los Pinos.
2. El desafuero
El fraude de 2006 no empezó y terminó el 2 de julio de ese año. Empezó con el proceso de desafuero que se le siguió a López Obrador entre 2004 y 2005.
A inicios de 2004, Obrador llevaba gran ventaja en todas las encuestas presidenciales. El 18 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) impulsó un juicio político que buscaba quitarle el fuero al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, someterlo a proceso y sacarlo así de las elecciones.
Junto con la demanda, se echó a andar una potente campaña mediática que afirmaba que nadie podía estar por encima de la ley; sin embargo, un repaso del caso dejaba ver que el juicio tenía vicios de origen, que no había motivo para el litigio, que López Obrador no había firmado un solo documento relacionado con el caso, que el procedimiento estaba lleno de irregularidades, que el delito no era grave, que la ley no fijaba castigo alguno para el delito y que, por lo tanto, se trataba de un claro caso de discriminación jurídica. El desafuero era un juicio político amañado que fue impulsado desde Los Pinos en contra de un candidato opositor popular con la intención precisa de sacarlo de la elección presidencial. Eso también es fraude electoral.
a dar marcha atrás. El desafuero de Obrador fue un intento de fraude que no se consumó; pero ese episodio dejó en claro la voluntad del gobierno y la casta neoliberal de cerrarle el paso a la izquierda por los medios que fueran necesarios. Tras el fracaso del desafuero, Fox y sus aliados usaron muchas otras trapacerías.
Cuando, en 2007, Fox declaró «López Obrador me ganó con el desafuero, pero 18 meses después me desquité,»(22) lo que reconoce es que tanto el desafuero como lo que hizo después fueron capítulos de un fraude de Estado para impedir la llegada del progresismo mexicano a la presidencia.
Y es que, a inicios de 2006, AMLO tenía una ventaja muy grande sobre su seguidor más cercano. Para acortar la distancia, Fox y sus aliados políticos y empresariales recurrieron a la guerra mediática sucia.
3. La guerra sucia y la complicidad del IFE en la guerra sucia
Tras el fracaso del desafuero –además de la presidencia– el PRI, el PAN y el sector empresarial derrocharon dinero en una campaña de guerra sucia mediática, centrada en un discurso de miedo: “¡López Obrador es un peligro para México!”.
El tema es relevante, puesto que esta fue la primera vez en nuestra historia que se usó una campaña masiva e ilegal de descrédito en contra de un candidato, en medios.
La campaña sucia del PAN contra Obrador empezó a mediados de marzo de 2006. El 20 de abril, la Junta General Ejecutiva del IFE ordenó retirar los spots, de guerra sucia del PAN. El Consejo General del IFE ordenó reponerlos, alegando la defensa de la libertad de expresión. Cuando la Coalición Por el Bien de Todos respondió con spots negativos, entonces, el IFE ordenó el retiro definitivo de todos los spots de guerra sucia porque violaban el COFIPE (investigación de opinión pública y de análisis de mercado). De este modo, la ley fue aplicada a conveniencia de una de las partes. En los hechos, las decisiones del IFE dejaron correr la campaña sucia del PAN contra López Obrador, pero cancelaron la posibilidad de una respuesta.
En mayo de 2006, la empresa Parametría (investigación de opinión pública y de análisis de mercado) probó una causalidad entre descenso de la intención de voto por AMLO y los spots del PAN. La campaña sirvió para bajarle puntos a un candidato y subir a otro.(23)
En los meses finales de la campaña, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) patrocinó spots de televisión que eran violatorios del COFIPE en los cuales advertían, desde una posición supuestamente “no partidista”, sobre los peligros que implicaba no asegurar la continuidad de la actual política económica. El sector empresarial hizo una campaña sucia contra AMLO usando membretes inventados. Era una operación apócrifa, pero una investigación periodística arrojó que todos los patrocinadores eran panistas de Chihuahua.(24) Se pasaron miles de spots desde la segunda quincena de junio al 1º de julio, violando el tiempo de campaña y la veda electoral y gastando una millonada. Que privados hagan campaña por un candidato es inmoral y era ilegal, pues violaba el artículo 38 del COFIPE, que prohibía expresamente las campañas de desprestigio.
El IFE tenía herramientas para castigar esta irregularidad, pero no la castigó porque se desentendió del financiamiento de los más de 200 mil promocionales que transmitieron los partidos políticos y los empresarios durante las campañas.
Esa decisión favoreció al candidato del PAN, Felipe Calderón, para quien operaba Elba Esther Gordillo, quien a su vez había operado para poner a Ugalde en el IFE. Estamos ante la aplicación inequitativa de la justicia. La ilegalidad le resultó ventajosa a una de las partes. Aunque no lo quieran ver Ugalde, Sarmiento, Calderón y sus amigos, también es fraudulento.
Para alterar los resultados a favor del candidato de la derecha no bastaron las operaciones psicológicas y mediáticas. También hubo operación territorial previa a la elección.
4. La operación territorial. El uso clientelar de los programas sociales
El PAN siempre criticó que el PRI usara los programas sociales del gobierno con fines electorales. Pero, en plena campaña presidencial del 2006, Josefina Vázquez Mota, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) –la mujer que había manejado los programas contra la pobreza en el sexenio foxista– fue a apoyar la campaña de Calderón, mientras que María Teresa Aranda, una operadora electoral del PAN, fue nombrada titular de SEDESO.
En junio de 2006, la periodista Carmen Aristegui presentó un video que demostraba que el PAN estaba usando el padrón electoral para darle un uso clientelar. En el video se veía cómo se cruzaba el padrón del IFE con el padrón de SEDESO. Esto era, a todas luces, un delito electoral. (25) La clave para entrar a la red interna del PAN era “Hildebrando”, nombre del cuñado de Calderón que le vendió software al IFE e hizo el padrón de SEDESO. El IFE declaró que Hildebrando “jamás fue contratista de software del padrón electoral”, pero dos sólidas investigaciones de Proceso y La Jornada documentaron lo contrario.(26)
El IFE tampoco investigó esta acusación.
La prensa también documentó que el grupo parlamentario del PAN usó programas sociales del gobierno para favorecer el voto de Felipe Calderón.27 Los beneficiados por SEDESO eran más de 3 millones de votantes potenciales; los suficientes para definir una elección.
Denuncias puntuales (entre ellas las del exoperador panista Arnulfo Montes Cuen) –publicadas por José Reveles en Proceso– documentaron que el Grupo Parlamentario del PAN obtuvo más de mil 300 millones de pesos de los programas sociales del Estado y que mucho de ese dinero no llegó a los necesitados, sino a las campañas de Calderón y otros panistas.28 Reveles también demostró la creación al vapor de varias empresas fantasma ligadas al PAN, cuya intención era movilizar dinero del erario a favor del PAN, para la operación territorial.
Todas estas operaciones constituyen un delito electoral grave y eran causal de nulidad electoral. Pero la autoridad electoral no investigó.
5. El pacto PRI-PAN (la negociación cupular del voto)
Durante todo el periodo neoliberal, el PRI y el PAN se presentaron como proyectos políticos distintos y antagónicos. Pero en los hechos eran los dos principales aliados de un proyecto de sistema bipartidista, por lo que negociaban en secreto escaños, cargos, negocios, leyes y hasta notarías.
El 5 de febrero de 2006, el entonces dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, confesó que ocho gobernadores del PRI (después dijo que solo seis) habían operado la elección a favor de Calderón.(29) Varias versiones (entre ellas, la de AMLO) afirman que, los gobernadores serían: Mario Marín, de Puebla; Eduardo Bours, de Sonora; Fidel Herrera, de Veracruz; Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas; Peña Nieto, de Edomex; Ismael Alfredo Hernández Deras, de Durango; Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Natividad González Parás, de Nuevo León. Este tema es muy delicado, pues muchos de estos gobernadores estaban señalados de tener ligas con el crimen organizado.
El periodista Álvaro Delgado documentó en El Amasiato que
Que los políticos hagan acuerdos es normal. Pero que negocien en las alturas y en secreto el voto de los ciudadanos –como si se tratara de una mercancía– habla de voto corporativo y de fraude electoral. ¿Qué no es el voto una decisión individual? ¿Cómo puede un gobernador negociar los votos de sus gobernados?
El acuerdo PRI-PAN fue clave para robarle la presidencia a Obrador. Esto se deduce del cable de Wikileaks 06MEXICO3309 de la Embajada de Estados Unidos en México, redactado por la jefa adjunta de la misión, Leslie A. Basset, clasificado como “confidencial”, que narra cómo el entonces consejero del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez, se presentó a la Embajada norteamericana el 14 de junio (¡18 días antes de los comicios!) para abogar por Felipe Calderón y para informar que los resultados de los comicios no se darían a conocer ese día, y que Obrador perdería por pocos votos. El cable refiere:
Este cable es prueba de que lo que ocurrió el 2 de julio ya estaba en buena medida predeterminado y que el IFE no actuó como un árbitro imparcial, sino como un operador del régimen foxista. ¿O qué hacía un consejero del IFE rindiéndole cuentas a la Embajada norteamericana?
Por si esto fuera poco, Sánchez le relató a la jefa adjunta de la Embajada que ya había acuerdos entre el PRI y el PAN:
Si, según Sánchez, el PRD no negociaba, es claro que los que pactaron escaños, ministerios y legislaciones antes de la elección fueron el PRI y el PAN. Sobre este particular, Fabrizio Mejía ha señalado con tino que “lo que queda claro es el papel del INE completamente sesgado a favor de uno de los contendientes, el de Acción Nacional, y de alguna forma inmiscuido en las negociaciones con el PRI de Roberto Madrazo”.(32)
Todo esto basta para concluir que el fraude se pudo consumar gracias a acuerdos previos del PRI y el PAN y a la actuación parcial de las autoridades electorales.
6. El fraude del día de la elección (Gordillo y el SNTE en acción)
Con todo, en 2006, las autoridades electorales tenían prestigio y muchos mexicanos quisieron creer que no habría fraude en la votación. Los obradoristas confiaban en el triunfo y creían que la voluntad mayoritaria sería respetada. Obrador había perdido ventaja desde el arranque de la campaña, pero, según la mayoría de las últimas encuestas (de fines de junio), seguía adelante por entre el 2 y 5 puntos.(33)
Para desgracia de la democracia mexicana, también hubo fraude el día de la elección. Para superar la ventaja del candidato de la izquierda, el 2 de julio se llevó a cabo una operación política a muy alto nivel de compra y venta de votos. Prueba de ello es la grabación de una llamada telefónica en la que se escucha a Elba Esther Gordillo, la entonces dirigente del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), negociar con Eugenio Hernández Flores, entonces gobernador de Tamaulipas, el voto en ese estado a favor del PAN. Elba Esther le dice al gobernador: “Ya se cayó el PRI… vale más que ustedes se adelanten con Felipe para vender lo que tengan…”.(34)
Complementa esta prueba otra grabación, de un día después, en la que se escucha a Pedro Cerisola, operador panista, agradeciéndole a Hernández Flores su apoyo al candidato panista. Le dice: “Te sobregiraste”.(35)
Según los defensores del PRIAN, esas grabaciones no son prueba de fraude, pero tratar al voto como una mercancía violenta el principio democrático más elemental y es irrefutable que la venta del voto es un delito electoral. ¿Cómo no va a ser fraude el que un gobernador venda miles de votos el día de la elección? ¿Hubo acarreo o simplemente alteraciones en el recuento? ¿Con cuántos gobernadores más negoció Gordillo votos a favor de Calderón? Lo cierto es que ni el gobernador de Tamaulipas ni la dirigente magisterial fueron castigados por la operación y permanecieron impunes.
Contra lo que afirma Ugalde, el día de la elección sí hubo un operativo electoral de gran escala. Elba Esther Gordillo no actuó en solitario. Fue la cabeza de un ejército de defraudación electoral que, tradicionalmente, operaba para el PRI: el SNTE.
Existe una prueba confesional definitiva. En agosto del 2006, el exsecretario particular de Elba Esther Gordillo, Noé Rivera Domínguez, denunció que el fraude electoral a favor de Calderón había sido ejecutado en el más clásico estilo priísta, con 200 grandes operadores, casi todos del sindicato magisterial. Rivera aseguró que:
Entre ellas, dijo, que en aquellas casillas en todo el país donde solo hubo representantes del Partido Nueva Alianza (Panal) [el partido del magisterio] y del PAN se eleva la votación del candidato panista Felipe Calderón, muy por encima de su promedio nacional.(36)
El 21 de septiembre del 2006, en una entrevista a El Universal, Rivera Domínguez habló de una estructura de “152 mil cuadros expertos en ingeniería electoral y adiestrados para movilizar a sus propias bases”.(37) Esa estructura le había dado el triunfo a la dupla Madrazo-Gordillo en las elecciones internas del PRI en 2002 y es la misma que operó el fraude a favor de Calderón en 2006.
En síntesis, Gordillo “echó mano de toda la estructura del sindicato y de sus cuantiosos recursos para arrebatarle votos a Roberto Madrazo y traspasárselos a Felipe Calderón”.(38) Investigaciones periodísticas documentaron que muchos ciudadanos que habían sido nombrados funcionarios de casilla por insaculación fueron sustituidos en el último minuto por miembros del SNTE.
Calderón pagó la operación fraudulenta dándole cargos importantes a los allegados de la maestra: Fernando González Sánchez –yerno de Gordillo– fue nombrado subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Francisco Yáñez, cercano a la maestra, fue nombrado director de la Lotería Nacional (Lotenal).
7. La manipulación de las actas, los números y los criterios de calificación
El recuento de los votos también estuvo plagado de irregularidades. Según las actas del IFE, en 17 mil 465 casillas hubo más votos de los que entregó el IFE, dando un total de 788 mil 077 votos extra. En 32 mil 758 casillas fueron sustraídas boletas, sumando 716 mil votos robados. Esto significa que hubo un millón 504 mil 566 votos sin sustento y a Calderón le dieron el triunfo por 243 mil 934 votos.
Antes de la elección de 2006, las autoridades electorales siempre habían seguido el criterio de que la elección se reponía si los votos irregulares rebasaban la diferencia entre el primer y segundo lugares. Pero en 2006, a pesar de las protestas, las autoridades le dieron el triunfo a Calderón, sin más.
Los libros La Cocina del diablo, de Héctor Díaz-Polanco y 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, de José Antonio Crespo registran estas y otras inconsistencias en el recuento y los resultados finales.
En La Cocina del Diablo, Díaz-Polanco hace un recuento de las inconsistencias en el conteo y señala que estas “conducían inevitablemente a la inferencia de que estábamos ante una operación por torcer la voluntad popular expresada en las urnas”.(39)
A su vez, en 2006, hablan las actas, Crespo, a quien nadie puede acusar de simpatizar con el obradorismo, concluyó en 2008:
La conclusión de Díaz-Polanco y de Crespo es clara: el recuento de la elección tenía muchas inconsistencias; era necesario revisarlo a fondo y, para dar certeza, la elección tenía que repetirse. Obrador pidió que se recontara voto por voto y casilla por casilla, pero el PAN y las autoridades electorales se negaron a ello.
Díaz-Polanco propone una explicación del fraude a partir de las tesis del doctor Romero Rochín:
8. La actuación del IFE y los principios de imparcialidad y certeza
El 4 de junio de 2006, para evitar que se abrieran los paquetes electorales durante los cómputos distritales, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, envió una circular a las juntas locales ejecutivas que, a la letra, dice: “El escrutinio y cómputo de las boletas no procede bajo el argumento de transparentar o dar mayor certeza a los resultados, aludiendo supuestas irregularidades durante la jornada electoral…”(42)
Ugalde ha dicho en su defensa que esa circular simplemente repetía lo que establecía la ley de entonces. Pero la ley no es una ciencia exacta; se interpreta. El art. 73 del COFIPE (la ley superior) ordenaba “velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en todas las actividades del Instituto”. Esa circular violentó este ordenamiento.
El IFE debió vigilar que se verificara la certeza del conteo de votos como parte de los principios rectores que señala tanto el artículo 41 de la Constitución como el artículo 69 del entonces COFIPE. No lo hizo. Eso configura su complicidad en el fraude.
El IFE afirmó que se abrieron 11 mil 724 casillas y que no encontraron regularidad alguna ni cambio en los votos contados. Pero en redes sociales y en la película Fraude: México 2006 de Luis Mandoki, se puede ver cantidad de videos que documentan que miles de paquetes habían sido violados y que muchos votos a favor de Obrador fueron desechados con argumentos falsos y marrulleros.43 Cada uno de esos videos es una prueba del fraude. Por lo demás, existe un video en el que se ve, en el Distrito 5 del IFE en Tlalpan, a personal del IFE abriendo paquetes electorales ilegalmente por órdenes del IFE.(44)
De acuerdo con la ley vigente en 2006, el presidente del IFE y sus órganos de dirección no tenían facultades expresas para investigar irregularidades, pero sí tenían la obligación de garantizar y velar por la certeza del conteo de votos y de las actas de escrutinio y cómputo de los votos. Eso no ocurrió.
En 2007, el Congreso removió a los consejeros electorales del IFE. Ugalde declaró: “Si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros electorales estaría aceptando que, políticamente hablando, hubo fraude electoral en 2006”.(45)
9. El mito de la imparcialidad del árbitro electoral
Durante años, las autoridades del IFE/INE se presentaron como imparciales y apartidistas. Sin embargo, esto no era verdad. Tenían compromisos políticos, filias y fobias. Empezando por el consejero presidente responsable de las elecciones de 2006, Luis Carlos Ugalde.
En un artículo titulado Así lo viví, el propio Ugalde confiesa que su designación, al frente del IFE, fue poco transparente y que fue negociada entre varios grupos políticos; de hecho, deja ver que fue operada por Elba Esther Gordillo, que en ese momento tenía una alianza con Felipe Calderón, el candidato presidencial del partido en el poder. Cito:
De este modo, la dirigente que puso al presidente del IFE fue la principal operadora del fraude del 2 de julio de 2006. Eso explica la actuación cómplice de Ugalde ante el fraude de Gordillo durante la jornada electoral.
Otro caso evidente de parcialidad es el del consejero Sánchez Gutiérrez, quien, según escribió la Embajada de Estados Unidos, “claramente le tiene poco amor a López Obrador”.(47)
Durante años, los funcionarios del IFE/INE se presentaron como ciudadanos apartidistas, imparciales y ajenos a cualquier formación política. En realidad, el mecanismo de selección de los consejeros ciudadanos era una simulación. En principio, los consejeros debían ser “ciudadanos” independientes, pero terminaron siendo nombrados por los partidos políticos. En consecuencia, los partidos no eligieron a ciudadanos libres e impolutos, sino a personas afines o comprometidas con ellos. Nombraban a políticos ligados al sistema de partidos que imperó en la era neoliberal. Ugalde, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no eran agentes libres, sino funcionarios técnicos, los expertos en materia electoral del bipartidismo prianista.
Tras dejar sus cargos como altos funcionarios electorales, cinco exmandos del INE (Edmundo Jacobo Molina, Gabriel Mendoza Elvira, Emilio Buendía Díaz, Carlos Ferrer Silva y Javier Naranjo Silva) abrieron la empresa Penté + Soluciones, una consultoría en derecho constitucional, administrativo y político electoral. Lo que ofrecían era expertise electoral (y contactos en el aparato electoral) a los actores y partidos políticos.(48) Esto deja ver que estos funcionarios veían las elecciones como una operación mercantil.
Otra prueba de la alianza de la casta del INE con el PRIAN son sus ligas con movimientos como la Marea Rosa y el movimiento El INE no se toca. Esta alianza sigue en pie y se refuerza cada vez más. En febrero de 2026, todos los altos funcionarios electorales del periodo neoliberal –de José Woldenberg a Edmundo Jacobo Molina, pasando por María Marván– convocaron, junto con Claudio X González y los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD, a conformar el Frente Amplio Democrático,(49) la versión más reciente del PRIAN.
En las elecciones de 2006, tanto el IFE como el Tribunal Electoral se plegaron a la estrategia del PAN de abrir el menor número posible de paquetes electorales, y se negaron a aplicar la normatividad electoral al pie de la letra. Esto significa que obraron facciosamente, que no velaron por respetar el interés de los votantes, sino la del presidente en funciones y la de quien estaban imponiendo.
Un fraude monumental por aproximaciones sucesivas
Cuando Luis Carlos Ugalde acusa al obradorismo de armar un relato escogiendo datos y hechos que encajaban en una “postura preconcebida”, para crear su “mito fundacional”, en realidad se está proyectando. Ugalde descalifica las acusaciones de fraude porque, según él, la alteración de la voluntad popular solamente se puede hacer mediante una movilización a gran escala el día de la elección. Ese sí que es un relato que se ajusta a una postura preconcebida y que nada tiene que ver con la historia del fraude electoral en México ni con lo que pasó en 2006.
Aunque el factor principal del fraude siempre fue la operación desde la presidencia, los grandes operativos de defraudación electoral se han ido transformando con el tiempo, las nuevas tecnologías y las herramientas de control social. Las operaciones electorales en tiempos de don Porfirio eran muy distintas a las del sexenio de Salinas de Gortari.
El fraude electoral de 2006 se desarrolló desde la presidencia por medio de varios operativos sucesivos que fueron ejecutados desde las instituciones oficiales. Hasta donde hemos podido reconstruir, la operación fue compleja y se realizó por aproximaciones sucesivas:
1. Primer operativo de fraude: el desafuero, un caso de lawfare moderno.
El primer intento de fraude, promovido desde la presidencia, fue un juicio político amañado: el intento de desafuero contra López Obrador. Cabe señalar que, si bien estos procesos amañados tienen antecedentes históricos en México, el desafuero tuvo la peculiaridad de ser un proceso a la vez mediático y judicial. Es decir que fue el primer caso de guerra jurídica –de lawfare– que se puso en práctica en América Latina y uno de los primeros del mundo. Dado que esa primera intentona fracasó por la rebelión popular, Fox pasó a la siguiente fase.
2. Segundo operativo de fraude: uso de programas sociales y guerra sucia.
Las condiciones de la contienda electoral de 2006 planteaban problemas específicos para el grupo en el poder: en febrero, según todas las casas encuestadoras (Demotecnia, Arcop y Covarrubias y Asociados, entre otras), López Obrador iba adelante en las encuestas con “porcentajes de intención de voto del 29 al 39%”,(50) mientras que el candidato del PAN, Felipe Calderón, estaba entre nueve y once puntos abajo.(51) Un operativo de fraude electoral el día de la elección difícilmente garantizaba remontar una ventaja de 10 puntos. Había que bajarlo en las preferencias antes de la votación.
Para bajar la intención de voto hacia López Obrador, Vicente Fox hizo campaña por el PAN; no jugó limpio, buscó las rendijas de la ley para maniobrar y usó al extremo lo que podía usar al extremo.(52) Como era el titular del Poder Ejecutivo, sus posibilidades fueron enormes: echó a andar una operación electoral con los programas sociales de SEDESO, hizo campaña abierta contra Obrador en radio y TV y, paralelo a esto, acordó con el PAN y sus amigos empresarios la guerra sucia contra el candidato de la izquierda. Se alimentó todo el tiempo con encuestas pagadas desde la presidencia. Todos esos operativos fraudulentos fueron solapados por la autoridad electoral, que no actuó como un ente independiente, sino como un organismo al servicio del Ejecutivo. El IFE (cuyo titular, Ugalde, había sido colocado por una operadora electoral de Calderón, Elba Esther Gordillo) y el TEPJF jugaron con la ley y los tiempos, pero siempre a favor del interés del Ejecutivo: dejaron pasar la campaña negra contra Obrador y protegieron al candidato panista. Esto provocó una baja en la intención de voto hacia Obrador, pero no la que necesitaba el PAN.
3. Tercer operativo de fraude: guerra cognitiva con encuestas.
A pesar de todo esto, en las semanas previas a la elección, la izquierda seguía arriba en las encuestas y su candidato protagonizaba mítines multitudinarios. Bajar la intención de voto de la oposición no era suficiente. Lo que sí se podía hacer era sembrar la duda de que Obrador sí podía perder, así fuera por estrecho margen.
Entonces entró en acción un operativo mediático para alterar la percepción de la opinión pública. Semanas antes de las elecciones, algunas casas encuestadoras –notablemente GEA-ISA– anunciaron que Calderón había subido vertiginosamente en las preferencias, sin que mediara causa alguna. Esas encuestas eran dudosas y, en el sexenio siguiente, los ejecutivos de GEA-ISA pasaron a ser funcionarios de Calderón. Pero los grandes medios arroparon al candidato del PAN y lo presentaron ya como el ganador virtual de las elecciones. Con esto sembraron la idea de que la contienda era más cerrada de lo que aparentaba y de que el candidato del PAN sí tenía la posibilidad de ganar.
4. Cuarto operativo de fraude: los acuerdos secretos PRI-PAN.
Para apuntalar el fraude, el PAN pactó con el PRI escaños, cargos y leyes. El caso más documentado de esto es el acuerdo de Felipe Calderón Hinojosa con Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. No sabemos qué se pactó ahí, pero lo cierto es que en 2012, Calderón le entregó la banda presidencial a Peña.
5. Quinto operativo de fraude: la operación electoral el día de la elección.
El día de la elección, también hubo operación fraudulenta. Como ya se ha documentado, el 2 de julio de 2006, Elba Esther Gordillo operó el voto a favor de Calderón con el gobernador de Tamaulipas. No sabemos con cuántos gobernadores más pactó Gordillo y, sobre todo, no sabemos cuántos operadores electorales más negociaron votos a favor del PAN el día de la votación. Sin embargo, los cálculos más conservadores estiman que en esa llamada se negociaron cerca de 250 mil votos (más de los que definieron el resultado final).
Por si esto fuera poco, el día de la elección, la dirigente magisterial movilizó a su ejército de operadores electorales del SNTE, el cual le quitó votos al PRI (con la venia del tricolor) para dárselos al candidato del PAN.
6. Sexto operativo de fraude: el recuento.
El recuento tampoco fue transparente. En 2010, en una entrevista de radio con Emmanuel Sibilla, el excandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo declaró:
El fraude de 2006 fue el más cínico de la historia de México y es también el más documentado. El verdadero mito es presentar a Calderón como un presidente legítimo.
Si el IFE le quería dar certeza a los comicios, los tendría que haber repetido, tal como lo exigían millones en las calles. Pero no lo hizo. El Instituto Electoral no actuó con imparcialidad ni objetividad ni independencia, sino como un operador de la voluntad de un Ejecutivo que confesó que buscó “partirle el queso” al candidato de la izquierda. El presidente del IFE le cubrió las espaldas a la principal operadora del fraude porque ella lo había puesto en el cargo.
El IFE validó una elección que estaba marcada por la guerra mediática sucia, los operativos de Estado y la opacidad. En sus decisiones no pesó la voluntad de respetar el voto de las mayorías, sino la del primer mandatario y la de perpetuar un sistema económico que beneficiaba esencialmente a un puñado de oligarcas y a los intereses de Washington.
El PRI, el PAN, sus voceros, sus intelectuales y los exfuncionarios del INE/IFE podrán decir que todas las pruebas presentadas por el movimiento obradorista son insuficientes y deleznables, pero no pueden desmentir ni la intromisión del Ejecutivo, ni el gasto de la presidencia a favor del candidato del PAN, ni la guerra sucia irregular (en la que participaron o a la que solaparon), ni el uso de programas sociales a favor del PAN, ni los pactos en lo oscurito entre el PRI y el PAN, ni la operación territorial de Elba Esther Gordillo y su sindicato, ni los malos manejos y las marrullerías en el recuento, ni la actuación parcial de las autoridades electorales.
Todo eso fue parte del fraude del 2006. Su desdén no es un argumento. Sobre todo, nadie puede decir que se trató de una elección que cumplió con los principios más elementales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Esa elección puso a prueba el precario prestigio del IFE.
Durante décadas, el PAN ha sostenido que Lázaro Cárdenas hizo fraude a favor de Manuel Ávila Camacho para robarle la presidencia a Juan Andreu Almazán en las elecciones de 1940. La única prueba que sustenta su acusación es que a Almazán le filtraron, días antes de las votaciones, un documento con los resultados de la votación del 7 de julio. El propio Almazán relata:
Esta sola prueba –equivalente al relato del consejero Sánchez Gutiérrez en la Embajada yanqui, consignado por Wikileaks– le ha bastado a los historiadores para concluir que esas elecciones no fueron limpias y que el gobierno intervino a favor del candidato oficial. En las elecciones de 2006, las pruebas del fraude son múltiples, irrefutables y abrumadoras, pero la derecha simplemente las desecha porque no le sirven a su relato. ¿O qué pruebas tendríamos que presentar para que Calderón aceptara que llegó a la presidencia mediante el fraude? ¿Su propia confesional?
En el fondo, estamos ante un falso dilema. Si lo vemos desde una perspectiva histórica resulta evidente que, en 2026, la Cuarta Transformación no está obligada a demostrar que Calderón llegó a la silla con trampa –de hecho, durante años, periodistas nacionales y extranjeros (notablemente Wikileaks), ciudadanos y los dirigentes del movimiento han aportado pruebas de las irregularidades electorales y han convencido a la mayoría de la población de que sí hubo fraude–. Los que estaban obligados a demostrar –en 2006– que esa elección había sido limpia y que Calderón era un presidente legítimo, eran el gobierno de Fox, las autoridades electorales, el PAN y su candidato. No lo hicieron y lo pagaron con la inestabilidad de su gobierno y su descrédito. Con su irresponsabilidad y su arrogancia llevaron al país a la violencia y a la ruina.
Las autoridades electorales estaban obligadas a darnos resultados fidedignos y confiables y no los dieron. La mayor prueba de que esos comicios no cumplieron con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad es que los seguimos discutiendo hasta el día de hoy. Ugalde y sus sucesores operaron a favor del gobierno y malbarataron la credibilidad del IFE, que tanto había costado construir. En 2026, los chicos dorados de Carpizo y Woldenberg –Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Edmundo Jacobo y compañía– funcionaron como una facción más del PRIAN.
México aún no termina de pagar las consecuencias del fraude electoral de 2006.
Millones de mexicanos se sintieron defraudados y cientos de miles le apostaban a una salida violenta. El país estuvo al borde de un estallido social violento. Pero Andrés Manuel López Obrador no se rindió, canalizó la furia popular y llamó a la resistencia pacífica; organizó mítines masivos (los más multitudinarios de la historia del país) y un plantón de protesta en la avenida Reforma del entonces Distrito Federal. Ese plantón también fue objeto de escarnio por parte del aparato mediático dominante. Después de un tiempo, el PRIAN vio a López Obrador como un cadáver político y lo trató con desprecio, lo dejó agonizar.
La consecuencia más grave del fraude fue la ilegitimidad del sexenio de Felipe Calderón. Para afianzarse en la silla, en septiembre de 2006, el espurio fue a pedir apoyo a la Embajada norteamericana y se puso a su servicio;(55) nombró un gabinete neoliberal ortodoxo que aplicó una política económica antipopular: reprimió brutalmente a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) (al día siguiente de su toma de protesta); aumentó el gasto militar y, el 12 de diciembre de 2006, echó a andar una guerra contra el crimen organizado.
A partir de ese momento, se disparó la violencia en México y se desató un círculo vicioso de sangre y pólvora que ha costado cientos de miles de muertos y que ha sumido a la nación en el dolor, la angustia y la desesperación. No se puede olvidar que el ilegítimo colocó al frente de la Seguridad Nacional al policía Genaro García Luna, quien hoy está preso en Estados Unidos por sus vínculos con cárteles de la droga. Aquello fue un narcogobierno. Por si esto fuera poco, un cable de Wikileaks documenta que García Luna puso la seguridad nacional al servicio de los intereses de Estados Unidos.(56)
Felipe Calderón no cumplió una sola de sus promesas de campaña. Se promovió como el presidente del empleo, pero en su sexenio el desempleo registró cifras históricas; prometió que la economía crecería 5% anual, y la economía decreció; privatizó el sector eléctrico; disolvió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y puso a Pemex en la quiebra. Prometió acabar con las complicidades y la corrupción, pero en su administración florecieron los negocios delincuenciales, provocando violencia y muerte. Fue represor, autoritario, cruel y criminal. Su pésimo gobierno del PAN abrió las puertas al regreso del PRI en 2012.
Todo eso y mucho más nos costó el fraude de 2006.
Por su parte, Andrés Manuel se fue a hacer una campaña por todo el país; pueblo por pueblo, plaza por plaza, y casa por casa. Organizó a sus bases. Se volvió a presentar a las elecciones presidenciales de 2012, y le volvieron a hacer fraude (ahora con operativos de dispendio y de compra de votos). En 2018, AMLO se presentó por tercera vez y ganó la presidencia por paliza. Con un margen tan grande que no hubo manera de hacerle fraude. Su triunfo desencadenó una segunda ola progresista en América Latina.
Sin lugar a dudas, México ha avanzado mucho en términos de democracia y la consolidación de un instituto electoral profesional contribuyó grandemente a ese proceso. Sin embargo, la voluntad política tiene un peso aún mayor en la eliminación de la cultura del fraude. En contraste con la actuación de Fox en 2006, los gobiernos de la Cuarta Transformación han sido respetuosos del sufragio. No han intervenido en las elecciones. De hecho, entre el 2018 y el 2026, la oposición no ha podido articular una demanda fundada contra el Gobierno Federal por fraude electoral. Eso es un avance importante.
Y no es que la derecha no esté vigilante. De hecho, alerta todo el tiempo de los riesgos de una dictadura. En su libro La Democracia no se toca (2023), dos altos exfuncionarios del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, sostuvieron la tesis de que, gracias al IFE, luego INE, México había logrado transitar de un sistema unipartidista a una democracia plural y competitiva(57), y alertan constantemente de la posibilidad de un retroceso democrático y de la violación de los derechos político-electorales.(58)
En el mismo sentido, en julio de 2021, en un foro de Atlas Network, Enrique Krauze afirmó que “extraña” la “dictadura perfecta”, “porque hay algo peor que la dictadura perfecta, que es la dictadura sin adjetivos, que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo” y advirtió:
La oposición neoliberal ve amenazas contra la democracia hasta en propuestas de leyes electorales que aún no han sido escritas. En enero del 2026, el PAN bautizó como Ley Maduro a una reforma electoral que aún no había sido escrita.
Y es que, para la derecha neoliberal mexicana, los avances democráticos de México se pusieron en riesgo con el triunfo arrollador del populista Andrés Manuel López Obrador en 2018 y con el avance electoral que tuvo su partido Morena, en 2021.
En el fondo, para las élites intelectuales del libre comercio, los pobres son siempre un riesgo para la democracia. Esta visión que tiene la derecha neoliberal mexicana sobre la democracia está todavía muy marcada por el clasismo, el racismo y los residuos de la sociedad de castas. Las élites económicas, políticas e intelectuales siguen pensando que el pueblo no está listo para la democracia y que necesita votar libremente… pero siempre y cuando voten por quien ellos desean.
