En el debate sobre los orígenes de la democratización del sistema político mexicano persisten posturas que sitúan su inicio en la elección presidencial de 1988. No obstante, la transición a la democracia no puede entenderse sin la reforma de 1977 y los cambios que esta impulsó, los cuales detonaron un proceso lento pero sostenido: el tránsito de un sistema hegemónico de partido hacia un sistema plural, caracterizado por la competencia efectiva entre diversas fuerzas políticas por el acceso al poder.
En ese contexto, la reforma política de 1977 respondió a la necesidad de abrir, de manera ordenada y controlada, el sistema político a la oposición. Asimismo, buscó atenuar la presión social acumulada tras el manejo gubernamental del movimiento estudiantil de 1968 y la represión ejercida durante la llamada “guerra sucia” (1970- 1975).(1)
Uno de los mayores aciertos de la reforma consistió en permitir la incorporación de fuerzas opositoras a espacios que hasta entonces habían estado prácticamente reservados al partido oficial. Sus antecedentes inmediatos se encuentran en la reforma de 1963, que introdujo en la Constitución la figura de los llamados diputados de partido.
Esta modalidad abrió la puerta a una pluralidad sumamente acotada, pues, como señala Ricardo Álvarez, “se asignaba cinco diputaciones por cada 2.5 por ciento de la votación”.(2) Bajo ese esquema, el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 18 diputados; el Partido Popular Socialista (PPS), 9, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), 5.(3)
La reforma de 1977 representó un avance decisivo al reconocer en la Constitución a los partidos políticos como entidades de interés público, lo que permitió el registro formal de fuerzas hasta entonces consideradas clandestinas, como el Partido Comunista Mexicano (PCM).
Además, transformó la integración de la Cámara de Diputados al establecer un sistema electoral mixto: 300 diputados electos por la mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Esta nueva configuración amplió la representación política y sentó las bases para una mayor pluralidad legislativa.(4)
Las elecciones federales de 1979, celebradas tras la implementación de la reforma, marcaron el inició de una nueva etapa. Durante la LI Legislatura (1979-1982), la Cámara de Diputados reflejó una pluralidad incipiente. Por la vía de la representación proporcional, el PAN obtuvo 39 diputados; el Partido Comunista de México (PCM), 18; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), 12; el PPS, 11; el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 10, y el Partido Demócrata Mexicano (PDM), 10.(5)
A partir de 1977, el sistema político mexicano avanzó hacia un proceso de democratización más profundo y sostenido. Esta evolución coincidió con un creciente descontento ciudadano frente al desempeño gubernamental del Partido Revolucionario Institucional (PRI), marcado por crisis económicas a finales de los años setenta y por el manejo deficiente de la atención a las víctimas del sismo de 1985. En ese escenario, la elección presidencial de 1988 se convirtió en un punto de inflexión que parecía anunciar un cambio de régimen; no obstante, ese viraje no llegó a concretarse.
Los comicios de 1988 evidenciaron la urgencia de una transformación democrática. La participación ciudadana fue amplia y la competencia política, efectiva; sin embargo, surgieron cuestionamientos en torno a la transparencia, la legitimidad y la legalidad del proceso electoral.
La obra de Martha Anaya, 1988: El año que calló el sistema, ofrece un análisis detallado de los actores, las dudas y las irregularidades que rodearon la contienda.
De acuerdo los resultados oficiales, el triunfo fue otorgado a Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, por encima de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN). El desenlace generó una profunda crisis de legitimidad presidencial.
En el ámbito legislativo, las elecciones federales de ese año reconfiguraron la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Por primera vez en la historia reciente, la oposición avanzó de forma significativa en un Congreso que hasta entonces había estado ampliamente dominado por el PRI.
En conjunto, las fuerzas opositoras obtuvieron 240 legisladoras y legisladores, distribuidos de la siguiente manera: PAN, 101; Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), 34; PPS, 32; FDN/PRD(6), 29; PARM, 24 y Partido Mexicano Socialista (PMS), 19(7), frente a los 260 escaños por el partido oficial.
La crisis poselectoral evidenció la necesidad de modificar el modelo de organización electoral. En 1988, la autoridad administrativa responsable de los comicios era la Comisión Federal Electoral, órgano presidido por el entonces secretario de Gobernación y adscrito a esa misma Secretaría de Estado, lo que hacía patente la intervención gubernamental en el proceso.
Ante ese escenario, las principales fuerzas políticas — PRI, PRD y PAN — impulsaron una serie de reformas político-electorales entre 1990 y 1994. Estas modificaciones dieron origen a una nueva autoridad electoral con mayor autonomía respecto del gobierno en turno: el Instituto Federal Electoral (IFE).(8)
Si bien la reforma de 1990 representó un avance sustantivo, la de 1994 consolidó la independencia del IFE, y en 1996 se consolidó su autonomía al quedar encabezado por consejeros ciudadanos. José Woldenberg presidió el organismo entre 1996 y 2003 y, bajo su conducción, se organizaron los comicios que culminaron en el año 2000, que culminaron con la primera alternancia en la Presidencia de la República, cuando Vicente Fox, candidato del PAN, derrotó al PRI y puso fin a 70 años de hegemonía en el Ejecutivo federal.
Si bien los partidos políticos desempeñaron un papel decisivo en el diseño de las reglas que facilitaron la transición y la democratización del sistema político mexicano, con el tiempo también generaron dinámicas que limitaron su propio impulso reformador. La negociación cupular, el reparto de cuotas y la captura de espacios institucionales debilitaron la confianza ciudadana y distorsionaron la lógica de la competencia democrática.
En última instancia, un régimen político sustentado en un sistema de partidos amplio y plural, cuyos integrantes practiquen una democracia interna auténtica, contribuye a construir y preservar un orden plenamente democrático. Por el contrario, cuando los partidos simulan sus procesos internos, sus élites tienden a reproducir esa misma lógica en las instituciones del Estado en las que ejercen influencia.
En consecuencia, el desafío actual no consiste únicamente en preservar las conquistas institucionales alcanzadas en 1997, sino en evitar que el sistema electoral derive en una estructura cerrada sobre sí misma, distante de la ciudadanía y ajena a la rendición de cuentas. La experiencia historia demuestra que la legitimidad democrática depende de reglas claras, árbitros imparciales y partidos responsables.
De lo contrario, persiste el riesgo de que las instituciones electorales sean cooptadas por los propios partidos y por élites políticas o técnicas, fenómeno que puede erosionar la representación, debilitar la confianza pública y vaciar de contenido la democracia que se buscó construir a lo largo de décadas de reformas.
La reforma de 1990 creó el IFE con el propósito de garantizar elecciones más equitativas y auténticamente competitivas. Para fortalecer su autonomía, se impulsó un proceso de ciudadanización que incorporó consejeros ciudadanos al Consejo General y equilibrio la representación partidista. No obstante, la influencia de los partidos aún resultaba significativa y limitaba la participación ciudadana plenamente efectiva en la conducción del órgano electoral.
1. En relación con este periodo de la historia de México pueden consultarse diversas fuentes que abundan al debate sobre la presión social y la conformación de los movimientos guerrilleros; se recomienda la obra: Castellanos, Laura, México Armado 1943-1981, México, Bolsillo Era, 2016.
2. Álvarez Arredondo, Ricardo, El Sistema de Partidos Políticos en México, un esquema residual del autoritarismo, México, Consejo editorial de la Cámara de Diputados, 2012, p. 34
3. Se menciona que el PAN obtuvo 20 en total 2 por el principio de mayoría relativa y 18 a través de la figura de los diputados de partido, al respecto véase la versión estenográfica de las sesiones del 15 y 18 de agosto de 1964 correspondientes del Diario de los debates correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, disponible para su consulta en: https://cronica.diputados.gob.mx/DD ebates/46/1er/Ord/index.html
4. En la reforma política electoral de 1986 se modifica la conformación de la Cámara de Diputados quedando de la siguiente forma: 300 electos por la vía uninominal y 200 electos a través del principio de representación proporcional.
5.En la conformación total de la LI Legislatura (1979-1982) el PRI obtuvo 296 diputados de mayoría relativa mientras que el PAN consiguió 43 diputados de los cuales 4 fueron electos por la vía uninominal y 39 electos a través del principio de representación proporcional, el resultado restante ya se describe arriba. Los datos aquí presentados pueden ser consultados en Álvarez Arredondo, Ricardo, El Sistema de Partidos Políticos en México, un esquema residual del autoritarismo, México, Consejo editorial de la Cámara de Diputados, 2012, pp. 34 -44.
6. FDN /PRD: tras la elección del 06 de julio de 1988 gran parte de las fuerzas del entonces Frente Democrático Nacional dieron paso en 1989 a la conformación del Partido de la Revolución Democrática tras la cesión del registro del PMS: Partido Mexicano Socialista.
7. Álvarez Arrendondo, Ricardo, El sistema de partidos políticos en México. Un esquema residual del autoritarismo, México, Consejo editorial de la Cámara de Diputados, 2012, p. 48.
8. A partir de la reforma política del 2014, pasó a llamarse Instituto Nacional Electoral (INE ).
