Por Thalia Amezcua

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es, en principio, una buena noticia. Contempla una inversión de 5.6 billones de pesos en ocho sectores y una cartera de más de 1,500 proyectos, con un impulso adicional en 2026 de 722 mil millones de pesos (1.9% del PIB) respecto de lo ya presupuestado. La distribución de los recursos muestra el centro de gravedad del plan: el sector energético concentra 54.15% del monto total; los trenes, 15.63%, y las carreteras, 13.94%. También resulta relevante el enfoque institucional, que prioriza métricas e instrumentos orientados a ordenar la ejecución.

Justo ahí se abre la ventana histórica. La evidencia científica sobre transiciones energéticas coincide en dos ideas. Primero, no basta con invertir más, ni con multiplicar obras: lo decisivo es cómo se seleccionan, diseñan y articulan los proyectos, la coherencia entre sectores y la capacidad de sostener la transformación. Segundo, la inclusión no es un adorno, sino una condición para que el cambio sea legítimo y duradero. De ahí la importancia de un plan multianual y con liderazgo estatal, ya que ello puede permitir orientar la inversión con criterios de bienestar.

Conviene entonces, leerlo no solo como agenda de inversión, sino como política material. La reducción de emisiones puede traducirse en mejoras concretas: menor gasto energético de los hogares; mejor calidad de aire y salud; mayor eficiencia en la movilidad; empleos de calidad en cadenas de valor limpias, y una menor exposición a choques de precios de los combustibles fósiles. Dicho de manera directa, la justicia climática, bien entendida, abre una vía hacia la justicia social y económica.

Para que esa promesa se materialice, el criterio de priorización resulta decisivo. El riesgo reside en las inercias de la rentabilidad de corto plazo, es decir, en optar por proyectos que generan retornos rápidos y son fáciles de financiar en el presente, aunque amarren al país a combustibles fósiles o a consumos intensivos de energía. Ahí aparece el llamado “efecto candado”: inversiones y contratos que fijan una trayectoria tecnológica y financiera difícil de revertir, aun cuando la evidencia y las necesidades sociales apunten en otra dirección. En términos simples, existe un costo de oportunidad entre lo urgente y lo necesario: lo que se destraba con rapidez no siempre es lo que más transforma.

Superar ese efecto de bloqueo requiere el establecimiento de reglas ex ante, que incluyan evaluaciones climáticas y sociales a nivel de proyecto, coherencia con trayectorias de descarbonización y la aplicación de criterios de no daño sobre las comunidades. Asimismo, demanda el diseño de paquetes de políticas intersectoriales integrados, con énfasis en la cooperación. En el marco de la economía circular, la inversión tiende a estancarse cuando los actores operan de manera aislada; en ese contexto, la intervención pública puede cumplir un rol clave al alinear incentivos y mitigar riesgos, favoreciendo así una adopción más rápida.

La oportunidad está sobre la mesa. Si la rectoría del Estado se materializa en criterios claros, transparencia y beneficios socializados, este plan puede detonar una transición energética justa e inclusiva. El riesgo, en cambio, radica en una selección inadecuada de proyectos y en una débil alineación intersectorial, lo que podría derivar en inversiones con altos costos sociales y climáticos, beneficios concentrados y, en última instancia, una menor capacidad de aprovechar la infraestructura para su objetivo central: mejorar de forma tangible la calidad de vida de la población.